Netllar imparte una charla sobre seguridad y responsabilidad jurídica de las nuevas redes WiFi en el ámbito educativo

Las nuevas tecnologías han irrumpido en el ámbito educativo de forma que los responsables de los centros formativos no tienen el suficiente conocimiento de lo que representa implantarlas. Ante esta necesidad, Netllar, en colaboración con ACADE (Asociación de Centros de Enseñanza Privada), ha participado en ‘Los Desayunos de Trabajo Acade’, en el que ha explicado a representantes de los grupos educativos más importantes de Valencia en qué consisten las redes WiFi, cómo deben protegerse y qué aspectos se deben tener en cuenta.

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La charla ha estado impartida por Fernando Donat, abogado especialista en derecho mercantil y telecomunicaciones, y asesor jurídico de Netllar Telecomunicaciones y del Ayuntamiento de Vila-Real.

Y es que las múltiples consecuencias de no proteger una red WLAN adecuadamente varían en grados de complejidad. “Pueden ir desde lo más simple y común, que es que el vecino use tu Internet de manera gratuita, el robo de datos e incluso de identidad, que pueda dar lugar a delitos realizados aparentemente en nuestro nombre (como dueños de la red) en delitos tan delicados como pornografía infantil o una apropiación económica del saldo de una cuenta en un banco”, ha señalado Fernando Donat.

El experto ha destacado que “hay pues que tomarse muy en serio la seguridad de la Red WIFI y en este sentido es importante destacar no tanto sus elementos objetivos, que es una cuestión técnica, como sus elementos subjetivos, es decir, los sujetos que intervienen en el diseño y montaje de la red, como del proveedor de los datos que circulación por la misma”.

El abogado de Netllar también destacó la figura del instalador e integrador de la red WiFi, remarcando que para que una red WiFi, además de ser idónea técnicamente, sea segura, “debe de tener unas características muy claras, que además deben de ser implementadas por la figura del integrador, quien se ocupa de securizar la red WiFI, habilitando protocolos de encriptación de la red y evitando las posibles intrusiones de usuarios no autorizados, y debe 2. Debe de tener la capacidad de identificar al usuario de la red.

En este sentido, es importante distinguir dos figuras diferenciadas que intervienen en este proceso. El operador es el que identifica la IP, es decir identifica desde donde se está realizándola intrusión (ejemplo, desde una biblioteca…etc.), pero es el integrador el que aplica los protocolos de seguridad.

Finalmente, Fernando Donat explicó a todos los presentes en quién recaía la responsabilidad jurídica en caso de delito, y esta sería: en los centros públicos, la responsabilidad recaerá sobre la consejería de educación como titular del centro. En los centros privados, la responsabilidad recaerá sobre la persona física o jurídica titular del centro y en los centros concertados la responsabilidad, dado que la titularidad es privada con independencia de que se sostenga con fondos públicos, la responsabilidad será también de la persona física o jurídica titular del centro, con independencia que la responsabilidad en casos muy concretos pueda ser concurrente con la consejería de educación.

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